21 de agosto de 2010

De las personas a las políticas




Por Jorge Enrique Robledo,

Senador, agosto 20 de 2010

Se da por descontado que a presidentes y ministros no llegan minusválidos mentales, aunque a ratos pareciera que sí. Incluso, para esos cargos suelen escoger personas con conocimientos superiores al promedio. De ahí que sea medio tonto mirar las capacidades personales de estos personajes para tratar de adivinar “si van a gobernar bien o mal”, en el sentido de si resolverán o empezarán a resolver los principales problemas de la nación, que es de lo que se supone se trata.

El aspecto decisivo para el buen gobierno no son las calidades técnicas de las personas que gobiernan, sino las políticas que estas respaldan y desarrollan, siempre en el entendido de que los idiotas y los demasiado ignorantes no llegan a la cúpula gubernamental. ¿Inteligentes e ilustrados dentro de qué concepciones, con que ‘línea’, para qué fines? Porque por títulos y experiencia que tenga un individuo, si las orientaciones que le determinan sus decisiones conducen al desastre, el desastre llegará.

Una imagen puede ilustrar el asunto: los trenes no llegan a donde quieren los maquinistas, sino a donde conducen las carrileras. Con las economías de los países pasa como con los trenes diseñados para no poder detenerse, que solo pueden llegar a donde se dirigen los rieles, sin importar la pericia de los maquinistas, luego están condenados a caer al abismo si a un abismo se dirigen las carrileras. La gran diferencia entre el capitalismo de Colombia con los de Francia, Italia o Alemania, por ejemplo, tiene como explicación primordial que sus carrileras son distintas, porque mientras allá se concibieron proyectos de desarrollo nacional, aquí no.

Así, lo primordial que hay que analizarles a los gobernantes no son sus cualidades como maquinistas, sino la carrilera por la que decidieron transitar y si esta lleva a buen puerto –al progreso del país– o lleva al abismo –al desastre nacional del que se eximen muy pocos. Este es el debate que se elude cuando el análisis no se centra en la dirección de los rieles, lo que para estos efectos significa el modelo económico y social impuesto en Colombia desde 1990 –la carrilera neoliberal y del libre comercio–, régimen económico que, según muestran veinte años de experiencia, enriquece a las trasnacionales y a cada vez menos nativos y condena al atraso y a la pobreza a la nación, de manera que la opulencia de poquísimos parece norteamericana o europea, pero la pobreza es de tipo africano o haitiano.

Entonces, quien conozca la trayectoria de Juan Manuel Santos, sus propuestas de gobierno y el equipo que nombró no necesita caer en la ingenuidad –que con malicia aúpan ciertos santistas– de tener que esperar para ver qué pasará durante su administración. Porque, como ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe, Santos demostró ser dogmáticamente apegado al ideario neoliberal o del libre comercio o del Consenso de Washington o del FMI, políticas que explican por qué el desempleo y el rebusque sumados superan el 70 por ciento y una de la peores desigualdades sociales del mundo. Porque se comprometió a seguir con la confianza inversionista, el nombre uribista para las concepciones plutocráticas mencionadas. Y porque su gabinete ministerial parece la selección Colombia del neoliberalismo, de manera que ni siquiera queda la esperanza de que, por equivocación, acierte.

El nuevo gobierno presentará como “soluciones” medidas sobre empleo y salarios, agro e industria, salud y educación, grandes y pequeñas y medianas empresas, finanzas y comercio exterior, impuestos e inversiones, en fin, sobre todo, pero siempre y en todos los casos con criterios neoliberales, lo que significa que los problemas estructurales, lejos de resolverse, se agravarán, al mantenerse las causas que los provocan.

Para confirmar que este gobierno puede ser peor que el anterior, ahí viene la ley de la regla o la responsabilidad fiscal, que congelará en el estado de inexistencia o mediocridad actual los derechos sociales de los colombianos. Con esa norma, la Corte Constitucional no hubiera podido igualar los POS del sistema de salud.

Taimada, entonces, la falsa inocencia de ciertos santistas que preguntan: “Si no se sabe qué pasará, ¿por qué los del Polo no le dan un compás de espera a Juan Manuel?”.

Coletilla: los nombramientos en la Comisión de Acusaciones, la Contraloría y la jefatura del DAS también muestran que Santos I es Uribe III.

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