La burocracia obstinada

Por Fernando Bernal Escobar

A lo largo de estos últimos siete años el país atormentado aprendió a tolerar el comportamiento que casi como regla general se ha venido imponiendo entre algunos servidores del Estado, y es aquel caracterizado por su obstinación en mantenerse aferrados a sus propios errores. Dadas las recaídas permanentes y su persistencia en ellos, no pareciera existir explicación posible para intentar comprender los motivos que originan el elevado grado de protección del que gozan tales funcionarios, en las esferas gubernamentales próximas a la Casa de Nariño. Quizás habría que intentar buscarlas más allá de lo que es la simple carencia de idoneidad y la ineptitud para el desempeño de los cargos que les fueron confiados, pues la acumulación de errores sumado el gravísimo efecto que ello tiene en la población, viene precipitando el desmoronamiento del prestigio que logró acumular su superior inmediato, el gobernante, quien solo parece ocuparse en utilizar sus últimas fuerzas para mantenerlos como atornillados en la nómina oficial. Lo más preocupante es que tales funcionarios perdieron hace tiempo cualquier atisbo de propósito de enmienda y carecen ya de la posibilidad de sonrojarse, por lo cual cada vez alejan más las posibilidades para corregir sus desaciertos y lograr detener el grave daño que le vienen ocasionando al país. “Dadme un error y os daré la inamovilidad en el cargo”, pareciera ser la regla de oro que anima parte de la gestión pública.

Las dificultades entre el Ministro de la Protección y el cuerpo médico no son el resultado de un impromptu de última hora. Pareciera como si un espíritu siniestro orientara las retaliaciones en la retórica ministerial. El asunto tiene por lo menos un antecedente bien documentado: en el año 2008 el Ministro se refirió al “error médico”, poniendo en duda el ejercicio profesional de los médicos colombianos. La Academia Nacional de Medicina, entonces como ahora, expidió un comunicado en el cual, entre otras cosas sostuvo: “La Academia Nacional de Medicina rechaza el uso indiscriminado del término “error médico” para expresar la aparición de eventos adversos impredecibles en el complejo proceso de la atención, eventos que todos los profesionales e instituciones tratan de prevenir mediante estrictos protocolos de manejo, y considera que si hay errores en el proceso de la atención, ellos se deben inculpar en primer lugar al Sistema General de Seguridad Social en Salud que dirige el Ministerio de la Protección Social. La Academia Nacional de Medicina de Colombia, en su calidad de organismo consultor y asesor del Gobierno Nacional, solicita se le haga entrega del estudio sobre el cual se soportan las afirmaciones extremadamente delicadas sobre “error médico”, afirmaciones que afectan gravemente la confianza en la medicina colombiana”. Ahora bien podría alguien pensar que el Ministro resolvió retomar el asunto pero endilgando la acusación y reforzando el ataque al cuerpo médico, mediante uno de los decretos de la Emergencia, por lo cual la agresión aleve ha sido elevada a ley de la República, respecto de la cual el simple decreto reglamentario no tendría efectos detergentes suficientes para borrar la afrenta.

Son muchas las cuestiones que han sido olvidadas en la discusión. La seguridad social se estructuró dentro de la relación obrero-empresarial que nace de un contrato de trabajo. De allí surge la afiliación contributiva del trabajador al ICSS, con aportes obligatorios y complementarios efectuados por el patrono. Tales aportes, deberían sumarse a los que el Estado tramposo nunca realizó, los cuales responderían por los riesgos derivados de la actividad laboral y por las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Al lado de la seguridad social marchó la asistencia pública a cargo del Estado, con administrador propio como lo fue el extinto ministerio de salud pública. La reforma de la Carta del 91 decidió acabar la asistencia pública y meter en un solo costal a los clientes del ministerio de salud y de las beneficencias departamentales con los trabajadores que venían cotizando y tenían sus reservas constituidas mes tras mes y por años en el ICSS. Se creó de esta manera un solo bolsillo en el cual los gobiernos pudieron meter la mano sin vergüenza alguna. En el año 1993 el Congreso dictó la Ley 100 dejando huecos, vacíos y zonas oscuras para manejar el voluminoso costal, el cual ha sido entregado a una burocracia indolente que lo manipula a su antojo. Así aparece el FOSIGA repleto de recursos que no paga lo que debe cuando le toca hacerlo. El país se olvidó de los descalabros del IFI que empeñó parte de las reservas del ISS en aventuras empresariales las cuales lo condujeron a la quiebra.

Así mismo se olvidó del BCH al cual se le hizo entrega de la otra parte de las reservas del ISS y también se quebró. Los administradores públicos de la seguridad social, en medio de escandalosa impunidad optaron por destinar los recursos a la compra de ostentosas sedes, aviones y vehículos. En toda la historia de este manejo delictivo solo se conoce el caso de un voraz director a quien sorprendieron por el cobro de una comisioncilla en un contrato. Otros cayeron de para arriba y tan alto, que al parecer los colombianos también ya se han olvidado de ellos.

La negligencia del legislador estimuló el reconocimiento explosivo de derechos por parte de los jueces y en especial por la Corte Constitucional, la que con grandilocuencia en la ya famosa sentencia T-760 de 2008 empezó a construir, según sus propias palabras, el más audaz esquema de seguridad social, como si en adición a su natural función jurisdiccional fuera poder ejecutivo y legislativo a la vez. El caso es que al parecer los autores de la reciente reforma de la seguridad adelantada por la vía de la legislación de emergencia, como que también olvidaron en sus cálculos las contingencias de la exequibilidad de la legislación de emergencia, así como el ejercicio posterior de las acciones de tutela las cuales se multiplicarán, cuando quiera que alguien pretenda desconocer los derechos adquiridos o se exija a los trabajadores la utilización de sus ahorros para sufragar el costo de su novedad. Ya deben encontrarse atareados los funcionarios del ministerio imaginando los protocolos que deben aplicar los médicos, complementados por los vademécum de productos genéricos con los cuales no lograrán curar un guayabo.

Con decretos reglamentarios se intentará hacerle un fraude a la ley, dejando en suspenso las previsiones de los decretos superiores y extraordinarios, respecto de los cuales sabrá Dios, que dirá la Corte en su portentosa capacidad legislativa. Estamos retrocediendo al primer día de nuestra seguridad social.

Fernando Bernal Escobar